Por los dichos del Ministro de Justicia de La Nación: Diferentes colectivos de diversidad de la provincia expresaron su repudio
María Florencia Lencinas Parodi, secretaria ejecutiva de la Mesa de Diversidad de la provincia, repudió las declaraciones y afirmó que representan un riesgo para los derechos humanos reconocidos a nivel internacional.
Las declaraciones del ministro de Justicia en el Congreso de la Nación generaron un gran malestar entre los colectivos de diversidad y género en la provincia.
Según expresó esta mañana María Florencia Lencinas Parodi, secretaria ejecutiva de la Mesa de Diversidad de la provincia, en Radio El Esquiú 95.3, la postura del ministro «violenta leyes que son reconocidas constitucionalmente» y «pone en riesgo a toda la Nación que ratificó convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre el reconocimiento de las diversidades».
«Para ellos hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase, más allá de la clasificación de si es hombre o mujer biológicamente hablando», expresó Lencinas Parodi y subrayó la gravedad de las palabras del funcionario que, en una reunión con la comisión de diputados nacionales de Mujeres y Diversidad, expresó: «Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos».
A su vez, la falta de respaldo del Gobierno Nacional a políticas inclusivas también fue algo que cuestionó. «Es gravísimo el contexto en el que se da, porque sigue fomentando esos discursos de odio, sigue fomentando la violencia y la discriminación», señaló.
A pesar de la situación, subrayó que es importante continuar trabajando en políticas públicas inclusivas. «Tenemos que seguir construyendo este tipo de políticas que sigan acompañando, que sigan protegiendo los derechos», afirmó. “Deberíamos poner un freno a ese tipo de comentarios, a ese tipo de acciones, que no nos van a llevar a ningún lugar positivo”, cerró.
Cabe destacar, que la mesa está formada por 117 organizaciones a nivel provincia y fue creada en 2023, a través de una resolución provincial firmada por el ministro de Gobierno y Justicia de ese entonces, Juan Cruz Miranda.