El escándalo de las «Absoluciones Pagas»

El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) presentó el pedido de Jury contra el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, y el juez de Control de Garantías Nº 1, Héctor Maidana, por el escándalo de las absoluciones pagas.

En la presentación, el legislador solicita que se constituya el Tribunal de Enjuiciamiento para que se inicie el procedimiento de remoción del fiscal y el juez «por haber incurrido en causales previstas en el artículo 10 y 11 de la Ley Provincial Nº 4247». Esto es, mal desempeño en sus funciones e ignorancia inexcusable del derecho. Además, afirmó que con su accionar el juez y el fiscal habrían incurrido en el delito de prevaricato.

Costilla y Maidana siguen en el centro de la polémica por haber homologado el acuerdo que permitió el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro hombres que estuvieron imputados por el asalto en Parque América. En este sentido, fueron beneficiados Guillermo Hernán Nieva (34), Diego Marcelo Arroyo (44), Camilo Alberto Carrizo (34) y Fernando Ariel Pacheco (40), quienes estaban acusados de asaltar a uno de los procesados de la causa RT Inversiones SRL, Matías Exequiel Rolón Reynoso.

Tanto en el caso de Costilla como en el de Maidana, el diputado fundamentó su pedido en que ambos miembros del Poder Judicial cometieron “mal desempeño en sus funciones, al no oponerse a la homologación del acuerdo económico improcedente en una causa de robo doblemente agravado, configurando una falta grave y posibles hechos con relevancia penal”. También plantea que en ambos casos hubo una “ignorancia inexcusable del derecho, evidenciada en la resolución que extinguió la acción penal mediante un mecanismo inaplicable a delitos de tal gravedad”.

El diputado explicó que con la homologación avalada por Costilla y Maidana “se permitió el sobreseimiento definitivo de los imputados, quienes mediante un acuerdo privado evitaron toda consecuencia penal por un delito que involucró violencia, privación ilegítima de la libertad, robo y amenazas”.

“Este fallo contradice principios esenciales del derecho penal y procesal, comprometiendo gravemente la seguridad pública y la confianza en el Poder Judicial. Los hechos que motivan esta denuncia constituyen un claro caso de mal desempeño de sus funciones, configurando además la posible comisión del delito de prevaricato conforme al artículo 269 del Código Penal”, señaló a lo que agregó que el accionar de los dos denunciados “no solo ha vulnerado la normativa vigente, sino que ha generado un grave precedente institucional que compromete la credibilidad del Poder Judicial y la seguridad pública”.

Luego de relatar el asalto cometido a la casa de Rolón Reynoso por parte de los cuatro imputados y el quinto integrante que sigue prófugo, el diputado recordó que Maidana y Costilla resolvieron homologar por este caso un acuerdo económico de 8 millones de pesos entre las víctimas y los imputados, quienes estaban investigados por robo doblemente calificado por el uso de armas y de ser cometido en poblado y en banda, dejando en libertad a los cuatro detenidos.

Ávila indicó que este fallo se dictó a pesar de “la gravedad de los hechos”, que incluyen: privación ilegítima de la libertad de las víctimas, quienes fueron sometidas a golpes, amenazas y torturas psicológicas; uso de armas (réplicas de pistolas) para intimidar y controlar a las víctimas; violencia física contra las víctimas, incluidas amenazas de muerte con cuchillos, colocación de precintos para reducirlos y amordazarlos y robo sistemático de bienes, incluyendo teléfonos celulares y dinero en efectivo.

“Además, se omitió una investigación exhaustiva sobre el quinto miembro de la banda, identificado como el líder del grupo, quien permanece prófugo y a la fecha sin identificar. La homologación de un acuerdo económico en un caso con estas características contradice no solo la normativa penal y procesal vigente, sino también los principios fundamentales de igualdad, proporcionalidad y seguridad jurídica, sentando un peligroso precedente para la justicia”, cuestionó el legislador.

Contra la Constitución

El diputado hizo referencia a que el fiscal y el juez han violado principios constitucionales. En este marco, planteó que el accionar del funcionario judicial y el magistrado “no solo debilita la aplicación efectiva de las leyes penales, sino que además sienta un peligroso precedente que afecta la percepción de la sociedad sobre la imparcialidad y la integridad del sistema judicial”.

“La homologación permitió que delitos que involucran violencia y amenaza directa contra personas quedaran resueltos mediante un acuerdo económico, debilitando la lucha contra el crimen organizado y desprotegiendo a las víctimas. Este proceder es contrario al espíritu de la Constitución, que pone al servicio de la comunidad los recursos del Estado para garantizar justicia y seguridad”, añadió en otro tramo de la presentación. El diputado sostuvo que “al homologar un acuerdo improcedente en un caso de gravedad”, fiscal y juez transgredieron “el mandato constitucional que lo obliga a actuar en defensa de la legalidad y la seguridad de la comunidad”.

“La Constitución Provincial no solo permite, sino que exige, la intervención de la Legislatura para restablecer el orden jurídico”, finalizó.

Fuente: El Ancasti.