Ley de Retiro Voluntario: Hasta ahora más de 100 empleados se acogieron al régimen
Está vigente desde julio de 2024. Es para todos los empleados de la Administración Pública Central, Descentralizada, de los poderes Legislativo, Judicial, Tribunal de Cuentas y municipios.
Esto fue confirmado por el gobernador Raúl Jalil en su informe de gestión ante la Asamblea Legislativa al momento de hablar de la cuestión laboral en el Estado.
«Quiero subrayar que hemos tomado decisiones de gran impacto en materia previsional para apuntalar a los agentes de la administración pública en todo el recorrido de la carrera administrativa. Por eso implementamos el Régimen Anticipado de Retiro Voluntario.
Esta es una normativa diseñada para que los trabajadores de la Administración Pública puedan optar por un retiro anticipado que les permita disponer de su tiempo para proyectos personales y profesionales, sin resignar el acceso a un ingreso mensual contando con los aportes y un pleno acceso a la cobertura de obra social», dijo el mandatario ante los legisladores.
«Este ingreso mensual a su vez, se actualiza conforme a la política salarial vigente para el personal en actividad, asegurando así una proporcionalidad y equidad en el tratamiento económico de los beneficiarios», añadió.
En este sentido, dijo que a la fecha, más de 100 trabajadores han decidido adherirse voluntariamente al Régimen Anticipado de Retiro.
«Estas acciones buscan una política de Estado que priorice la equidad, el diálogo y el desarrollo institucional, consolidando un modelo de gestión que pone en el centro a las personas y garantiza condiciones laborales dignas y sostenibles para los trabajadores», manifestó el Gobernador.
El régimen, implementado desde julio de 2024, está destinado a empleados de planta permanente de la administración pública central, descentralizada, y de los poderes Legislativo, Judicial, Tribunal de Cuentas y municipalidades.
De acuerdo a la normativa que lo creó, la adhesión al régimen está disponible para mujeres a partir de los 45 años y hombres desde de los 50, siempre y cuando cuenten con al menos 5 años de antigüedad en el servicio hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esto incluye a más del 60% de los agentes públicos, lo que representa a 10.500 personas en condiciones de acceder a este beneficio, de acuerdo con información brindada por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.
Sin embargo, quedan excluidos del régimen los empleados que desempeñen tareas esenciales tales como docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios críticos en la provincia.
El régimen forma parte de la Ley de Emergencia Económica que fue sancionada por la Legislatura a principios del año pasado y que debería finalizar a finales del mes de junio de este año.
