El Gobierno elimina la jubilación de privilegio de Boudou y se prepara para una escalada judicial
La decisión fue informada a través de una resolución publicada este viernes por el titular de la ANSES, Mariano de los Heros.
El Gobierno ha dado un paso contundente al revocar la jubilación de privilegio del exvicepresidente Amado Boudou. La medida, oficializada este viernes a través de una resolución firmada por el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, forma parte de una estrategia más amplia para eliminar asignaciones especiales a exfuncionarios condenados por corrupción.
Con un monto mensual de $6.814.272, según el último informe de gestión, la pensión de Boudou ha sido objeto de polémica desde que la Corte Suprema confirmó en 2020 su condena por la causa Ciccone, convirtiéndolo en el primer vicepresidente argentino sentenciado por corrupción.
Fin de las jubilaciones de privilegio para exfuncionarios condenados
El Ejecutivo basa su decisión en la Ley 24.018, que regula las asignaciones especiales para expresidentes y vicepresidentes. Según esta normativa, las pensiones de privilegio están condicionadas por el desempeño ético y honorable de los beneficiarios durante y después de su mandato.
La resolución publicada por ANSES destaca que estas asignaciones son «jurídicamente incompatibles con una conducta deshonrosa» y que el mal desempeño, confirmado por sentencias judiciales, es motivo suficiente para retirarlas. Además, el Gobierno invoca el artículo 53 de la Constitución Nacional, que detalla las causas de remoción por juicio político, argumentando que la asignación de estas pensiones como «premio o retribución» contradice principios éticos fundamentales cuando se han cometido delitos en el ejercicio de la función pública.
Una estrategia que podría incluir a Cristina Kirchner
La Casa Rosada anticipa que esta decisión podría provocar una escalada judicial, especialmente si se extiende a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. El Ejecutivo se respalda en los fundamentos de la resolución y está preparado para defender su postura a través del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, en caso de que surjan disputas legales.
¿Qué opinan los opositores de la medida?
Desde sectores perjudicados por esta medida, se argumenta que sin un juicio político formal, no es posible retirar las jubilaciones de privilegio. Este procedimiento solo puede llevarse a cabo mientras el beneficiario ocupe un cargo público. Sin embargo, el Gobierno sostiene que las condenas judiciales en causas de corrupción son suficientes para justificar la medida, incluso sin juicio político.
Implicancias y posibles desafíos judiciales
El anuncio forma parte de un plan más amplio de transparencia y reestructuración de privilegios en la función pública, según fuentes oficiales. La Casa Rosada ha dejado claro que su objetivo es eliminar asignaciones especiales a exfuncionarios condenados, una postura que refuerza su narrativa de lucha contra la corrupción y mal uso de recursos públicos.
Esta decisión podría sentar un precedente en la interpretación de la Ley 24.018 y el alcance del artículo 53 de la Constitución Nacional, abriendo la puerta a futuras revocaciones de privilegios en casos similares.
La eliminación de la jubilación de privilegio de Amado Boudou envía un mensaje político y social claro: el mal desempeño y las conductas deshonrosas en la función pública tendrán consecuencias. Aunque la medida podría desencadenar una serie de desafíos judiciales, el Gobierno parece decidido a mantener su posición, respaldándose en fundamentos legales sólidos.
Esta decisión no solo impacta a los involucrados directamente, sino que también marca un punto de inflexión en la política argentina, estableciendo un precedente en la gestión de beneficios para exfuncionarios y reforzando la percepción de un compromiso más firme contra la corrupción.
