El Gobierno de Santa Fe rechazó el DNU de Milei que recorta partidas para las cajas jubilatorias y analiza judicializarlo
Así lo anticipó el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso. El ajuste impacta sobre 13 provincias. Nuevo escollo rumbo al Pacto de Mayo.
La relación entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, atraviesa un nuevo desafío debido a una reciente medida del Gobierno.
Esta semana, se eliminaron los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones que dependen de unas 13 provincias, lo que genera complicaciones en la liquidación de haberes y el funcionamiento de las cuentas públicas locales.
El Gobierno santafesino, afectado por esta decisión, evaluará la próxima semana la posibilidad de impugnar la medida ante la Justicia.
Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de Santa Fe y aliado del gobernador Pullaro, calificó la medida como una “trastada del presidente” y una “apropiación indebida de fondos” por parte del Estado nacional.
Boasso criticó duramente la acción del gobierno libertario, señalando la contradicción entre el llamado al consenso por parte de Milei y la implementación unilateral de medidas que afectan a las provincias.
Cuál es el conflicto entre Maximiliano Pullaro y Javier Milei
La controversia surge a raíz del decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial esta semana, que modificó la prórroga de la Ley de Presupuesto 2023. Dicha prórroga fue realizada debido a la falta de aprobación de una nueva ley de presupuesto por el contexto electoral del año pasado.
En el último decreto, se derogó la prórroga de los recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales, así como la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, generando tensiones adicionales con las provincias.
Específicamente en lo que respecta a las jubilaciones de empleados públicos provinciales, la medida dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la Ley de Presupuesto 2023.
Estos artículos establecían que la ANSES transferiría anticipos mensuales a las provincias, de acuerdo con el resultado del déficit correspondiente a cada sistema previsional.
La eliminación de estos anticipos mensuales afecta directamente la capacidad de las provincias para financiar sus sistemas jubilatorios, generando un nuevo foco de conflicto en el panorama político nacional.
