Diputados ‘radicales’: Ponen la lupa en las operaciones financieras del Gobierno

Un grupo de diputados de la UCR pone el foco sobre los fondos de organismos provinciales y las posibles maniobras financieras que estos habilitan, como una postura de contralor del uso de esos recursos.

Esta semana insistieron con la OSEP, hasta donde fueron por segunda vez a buscar una audiencia con sus autoridades pero sin respuesta alguna. “Los afiliados merecen claridad y transparencia en el manejo de los fondos”, reclamaron. Esto se suma a los planteos que los legisladores ya plantearon sobre la AGAP y los fideicomisos mineros, respecto de los cuales han cuestionado los mecanismos de control.

Silvana Carrizo, Tiago Puente, Cristina Gómez, Natalia Herrera, Carlos Marsilli y Mamerto Acuña volvieron a presentarse esta semana en OSEP para pedir una audiencia con su director, Leopoldo Machetti, quien les volvió a negar el encuentro a pesar de encontrarse allí presente. Por este motivo, presentaron un escrito en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados para la citación del funcionario a que responda sobre diversas problemáticas que afectan a los afiliados y dudas que tienen los legisladores respecto de la administración de los fondos.

Entre los puntos que buscan esclarecer, pidieron detalles sobre la situación de la farmacia exclusiva de OSEP; usos del Fondo Especial para Trasplante y Tratamientos Oncológicos; Sistema Código Token y credencial digital en la app OSEP Móvil Catamarca; incrementos en las prestaciones; motivos de las demoras en los pagos a prestadores; cobertura de programas y planes de salud para patologías complejas; explicación de las reiteradas fallas en el sistema de OSEP que afectan la atención a afiliados y profesionales; y detalles de convenios con la empresa OHCA SRL y deuda con San Juan SRL.

En OSEP desde mayo del año pasado existe un “sistema y plan de inversión”, que fue creado para “el resguardo de los activos líquidos existentes en diferentes fondos y recursos de la obra social ante la depreciación y pérdida de valor derivados del contexto económico inflacionario y crítico”. Ese plan de inversión debía estar sujeto a requisitos legales que garanticen las prestaciones de servicio.

El reclamo por AGAP

Semanas atrás, durante la sesión, los diputados de la UCR pusieron el foco sobre los decretos acuerdo que el Ejecutivo firmó antes de que la Legislatura entrara en período ordinario. Uno de ellos fue el nº224, en el que el Gobierno resolvió un incremento del porcentaje que aportan los trabajadores activos para financiar la Agencia General de Asuntos Previsionales (AGAP), con la que se paga el complemento al 82% móvil de los agentes jubilados.

Este año, los empleados de la administración y aquellos a los que les descuentan para la AGAP pasaron de aportar el 2% de sus salarios brutos, a aportar el 2,5%; mientras que a partir del 1 de enero de 2025 aportarán el 3%. Esta situación fue advertida por El Ancasti en marzo de este año, cuando se conoció la decisión tras una reunión entre las autoridades del organismo y los principales gremios estatales. Por entonces, el Gobierno reconoció que en 2023 la AGAP registró déficit por primera vez desde su creación en 2011.

“Como la cantidad de activos se mantiene relativamente constante, pero todos los meses se generan nuevos pasivos, desde el año pasado la AGAP tiene déficit, es decir que la recaudación que tiene el organismo es menor a sus erogaciones. Tomamos esta decisión para lograr la sustentabilidad a largo plazo. En consecuencia AGAP debe aportar más para alcanzar el 82% móvil. Esto pone de manifiesto la importancia de implementar medidas urgentes que apunten a proteger el poder adquisitivo de los pasivos y aseguren el cumplimiento de sus derechos», indicaron desde el Ejecutivo por entonces.

Sin embargo, la oposición maneja otra teoría. La diputada Carrizo señaló días pasados que “los fondos de AGAP fueron utilizados para brindar créditos personales e hipotecarios a una tasa de aproximadamente 70%, mientras que la inflación de diciembre de 2023 fue de 211,4%”, y advirtió que fue esto lo que comprometió el derecho de los jubilados a recibir el 82% móvil.

“Los recursos de AGAP se deben afectar exclusivamente al pago de la asignación previsional, debiendo tomar todas las medidas necesarias para evitar su depreciación económica o pérdida de capacidad monetaria. Son específicos, aportados por los particulares y no pueden desviarse bajo ningún concepto. Puedo concluir que no se preservaron los recursos de AGAP. Ahora el esfuerzo para cubrir el déficit lo tienen que pagar los afiliados y los beneficiarios”, reclamó.