Denuncian a Jueces Federales, CEO del grupo Clarín y otros implicados en el viaje a Lago Escondido

El Gobierno Nacional por orden del Presidente, el ministro de Justicia denunció penalmente a los implicados en el viaje a Lago Escondido.

Este miércoles se produjo la Denuncia a los Jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de Octubre pasado, por el presunto delito de «Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Dádivas», según se informó oficialmente.

«Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento», se indicó en un comunicado oficial.

Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene «la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos».

En el escrito presentado por el ministerio de Justicia de la Nación, aclaran que “sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas”, se denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal”.

El Gobierno enumeró en su comunicado a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido

*Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

*Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

*Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

*Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

*Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, por “ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal”, el Gobierno denunció a:

*Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

*Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

*Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

*Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

«Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas», señala el comunicado difundido por la Presidencia de la Nación.

Ya en territorio patagónico y «según la información que tomó estado público», la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que, “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo, la denuncia evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política», se afirma en el cuerpo de la denuncia.

Asimismo, el escrito presentado por el ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “Gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación».

El lunes último, por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido al Ministerio de Justicia para que «se investigue penalmente» el intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) tras compartir un viaje a Lago Escondido.

Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que «avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación».

También informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.

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