Corrupción en la Obra Pública: Cristina Fernández dijo que desconocía lo que ocurría con los contratos
Comparó su causa con aquella de la represión en 2001 donde fue sobreseído el expresidente Fernando De La Rúa.
La vicepresidenta Cristina Fernández volvió a comparar la causa Vialidad, en la que es juzgada acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada a desviar fondos de obra pública, con el juicio al que fue sometido el expresidente Fernando De la Rúa por la represión del 2001. Lo hizo por medio de una carta publicada en su web oficial.
La presidenta del Senado había expuesto ese argumento durante su defensa la semana pasada ante el tribunal.
Básicamente, considera que De la Rúa sabía lo que estaba ocurriendo en las calles durante el 19 y 20 de diciembre de 2001 y que aún así los jueces consideraron lo contrario, mientras que en su caso, asegura que ella desconocía lo que ocurría con los contratos de obras que iban a Santa Cruz, pero los fiscales abonan la hipótesis opuesta.
«No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez (Claudio) Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados», afirmó.
Titulado de «De penas y olvidos», el texto de la vicepresidenta señala que «las garantías procesales no aplican si sos peronista» y puntualizó sobre las 39 personas que murieron en todo el país luego de que el Ejecutivo Nacional, comandado en ese momento por el radicalismo» diera luz verde a la represión policial y – posteriormente– al Estado de sitio en medio del estallido social del país a fines del 2001.
«Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso», cuestionó.
En lo que denuncia como «lawfare» en su contra, sin embargo, trazó un paralelismo con el juicio oral y el pedido de condena que ella hoy enfrenta, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran que sea condenada a 12 años de prisión e inhibición perpetua para ocupar cargos políticos. «Pero entonces ¿nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?», se preguntó.
