Caso de la Banda de Estafadores: Los «cabecillas», los empleados judiciales, policías y bancarios estarán ante el fiscal
La banda operaba a través de una compleja red de contactos dentro de organismos públicos y privados

Este lunes el fiscal Hugo Costilla llevará adelante la audiencia de indagatoria de imputado a los cuatro cabecillas de la banda de asociación ilícita y estafas que fue desbaratada el último sábado tras 14 allanamientos en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
Los detenidos, quienes por el momento solo serán identificados con sus iniciales, V., G., D.C. y A., se encuentran detenidos luego de que en los allanamientos los investigadores recuperarán elementos de gran valía para la investigación que inicio meses atrás y en la que estarían involucradas al menos diez personas más.
Las audiencias de indagatoria de imputado se llevarán a cabo durante la jornada de este lunes 24 de marzo en el edificio de la Fiscalía General.
Por otra parte, fuentes de la causa consultadas por este diario indicaron que si bien por el momento solo son cuatro las personas detenidas, tratándose estás de las cabecillas de la banda, en la investigación hay al menos otras diez personas tratándose de empleados del Poder Judicial de la provincia, efectivos de la Policía de la Provincia, empleados bancarios, de la Dirección de Catastro y de otros organismos del Estado, quienes serán también indagadas por el fiscal.
Según explicaron, en principio estás personas llegarán a la indagatoria en libertad, aún cuando serán acusadas formalmente por la fiscalía, situación que podría modificarse, es decir ser detenidas, si del avance de la investigación surgieran elementos de pruebas que pudieran complicar su situación procesal o su grado de participación en el accionar de la mega banda que operaba en la provincia desde hace varios meses a la fecha.
Modus operandi
Según pudieron establecer los investigadores los detenidos V., G., D.C., y A., junto a los otros sindicados en la causa formaban parte de la banda que operaba a través de una compleja red de contactos dentro de organismos públicos y privados que les permitieron concretar un sin número de estafas.
Todo iniciaba en la dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad, de donde estas personas obtenían información sobre propiedades y títulos, los que saneaban para luego disponer de ellos de forma fraudulenta.
De la investigación surgió también que las víctimas nunca fueron notificadas de dichos procesos judiciales en su contra. En esta etapa de la estafa, los autores eran «ayudados» por los empleados de los Juzgados Comerciales y de Ejecución, quienes les daban información privilegiada sobre los trámites y les aseguraban un tratamiento preferencial en las causas.
Además, manipulaban la designación de martilleros asegurando así que el remate de los bienes se realizará según los intereses de la banda. Otro eslabón en el Modus operandi de la banda era no notificar a los deudores, tarea que debían llevar adelante los empleados de las Oficinas de Notificación de dichos juzgados, asegurándose esto empleados integrantes de la banda que las citaciones nunca llegaran a destino.
Llevando a los damnificados a recién tomar conocimiento de los procesos en su contra cuando se les secuestraba el vehículo o se les realizaba el descuento de sus haberes, momento en que descubrían que tenían un juicio ejecutivo en su contra, sin haber sido debidamente informados.
Efectivos de las fuerzas de seguridad, formaban también parte de la banda, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y acciones, sino también desempeñaban un rol operativo por su función. Estos, se encargaban de seguir a los deudores en vehículos, tomaban fotografías de sus autos y, una vez firmado el embargo, alertaban al martillero para que realizarán el secuestro.
Los bancarios
Otro eslabón en la banda fueron los empleados bancarios quienes le proporcionaban el acceso a la información bancaria de las víctimas como datos sobre cuentas y movimientos financieros.
La organización utilizaba tanto mecanismos legales acelerados como métodos completamente ilegales. De la investigación surgió también que la banda había falsificado las firmas de varias víctimas, una de las circunstancias que habrían dado origen a esta mega investigación que lleva adelante el fiscal Hugo Costilla.