Diputados provinciales dieron Media Sanción para la creación del Consejo Provincial de Lucha Contra La Trata de Personas

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley presentado por las diputadas Adriana Díaz, Claudia Palladino y Mónica Zalazar que propone la creación del «Consejo Provincial de lucha contra la Trata de Personas, Explotación Sexual y Laboral, con enfoque de Derechos Humanos».

El objetivo de la ley es el de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, con enfoque en Derechos Humanos, para el seguimiento de todos los temas vinculados a la lucha contra la Trata y Explotación de personas.

En sus fundamentos, las diputadas señalaron: “Ante la decisión del gobierno nacional de desmantelar la política pública en la materia, consideramos que el Estado provincial debe hacer valer la experiencia y el conocimiento producido en la Mesa interinstitucional y conformar un Consejo Provincial, permanente, interinstitucional e interdisciplinario”.

“El Gobierno tomó la decisión arbitraria de desvincular a los delegados y delegadas nacionales pertenecientes al Comité de Lucha Contra la Trata, incluida la delegación de Catamarca, esto trae como consecuencia directa y gravísima la eliminación de toda la estructura federal de asistencia y protección integral a las víctimas de este delito. Las mesas interinstitucionales realizaban tareas de prevención, visibilización, fiscalización, rescate y asistencia a las víctimas”.

Además, explican que en este marco “se suman los despidos de trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Programa Nacional de Rescate (PNR) y Ministerio de Trabajo de la Nación, organismos que forman parte de estas mesas interinstitucionales y están vinculados en forma directa a la Lucha Contra la Trata y Explotación Laboral, y ahora quedan con menos personal”.

“Más allá de las decisiones arbitrarias tomadas por el Gobierno Nacional, nuestra provincia debe continuar con la defensa de los derechos y la protección del bienestar físico, mental y social de las personas y de sus comunidades, y con la promoción de la sostenibilidad a través del desarrollo de la capacidad institucional para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las personas víctimas de trata y explotación laboral”, concluyen.