Quienes tengan condena judicial, no podrán ejercer cargos públicos dentro de los tres poderes del Estado

Así lo determinaron por unanimidad los Diputados de la Provincia, prohibiendo a cualquier Ciudadano que aspire a un cargo en la función pública.

Por unanimidad, la Cámara baja aprobó con media sanción el proyecto impulsado por el Bloque del Frente de Todos y por el cual se establecen las Inhabilidades Constitucionales para el ejercicio de la Función Pública.

El proyecto apunta a garantizar la aptitud y habilidad moral y ética de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ya que inhabilita a la función pública a las y los ciudadanos que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad (aunque el cumplimiento sea en suspenso), y/o inhabilitación en primera instancia y, confirmada la sentencia en segunda instancia, hasta tanto sea cumplida la pena o revocada.

Augusto Barros (FT) fue el miembro informante, oportunidad en la cual observó que existen diferentes iniciativas a nivel nacional y que algunas de ellas solo se limitan a la presentación de Declaraciones Juradas de precandidatos a cargos electivos “pese a que ello está vigente en la normativa” o, aluden sólo a personas que “hayan sido condenados en primera instancia”.

“En otras provincias que aprobaron inhabilidades lo hicieron con el sesgo de entender al Estado solamente como quienes representan a través de las elecciones, candidatos o precandidatos, ninguna incorporó en un régimen a los otros poderes del Estado” diferenció Barros para profundizar que a nivel local se contemplan funcionarios del Ejecutivo, Secretarios de los Municipios y funcionarios del Poder Judicial”.

Luego, Tiago Puente (UCR-JPC) celebró el tratamiento del proyecto. “Esta no es una iniciativa en contra de nadie sino a favor de las instituciones, aplaudo que estemos debatiendo y así le pongamos un freno a la erosión de las instituciones” dijo.

Por su parte, Natalia Saseta (PRO-JPC) felicitó a Puente por impulsar un proyecto similar y valoró que es “una medida que da la enorme posibilidad de fortalecer las bases de la democracia impidiendo el acceso a cargos públicos a quienes fueron condenados por hechos delictivos”.

En tanto, Luis Fadel (UCR-JPC) consideró que es un momento “histórico institucional de la provincia” y congratuló el proyecto del FT puesto “que fueron más allá incorporando al poder judicial”.

Al debate se sumó la voz de Gustavo Aguirre (FT) quien indicó que “hoy estamos dando un mensaje, todos los partidos políticos aquí representados estamos aprobando un proyecto que se originó como una iniciativa ciudadana y que tras un profundo análisis se lo dotó de profundidad, la amplitud y el alcance que se necesita para dar una respuesta institucional contundente desde esta Cámara”.

Alejandro Páez (UCR-JPC) valoró que el proyecto transparente “la política y que los ciudadanos que quieran ocupar un cargo público lleguen cumpliendo con todas las normas legales” mientras que José Sosa (UCR-JPC) destacó que es “bocanada de aire fresco para las instituciones democráticas a la provincia”.

También participó del debate Luis Lobo Vergara (UCR-JPC) y la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero (FT) quien resaltó el avance cualitativo que implica el proyecto aunque evaluó que deberá ser complementado con otras iniciativas.

Sobre el cierre, tanto Ramón Figueroa Castellano (FT) como Hugo Ávila (FAC) expresaron su beneplácito a la iniciativa.